Integrantes del Consejo Ciudadano por el Agua en Yucatán levantaron la voz para exigir a los tres Poderes del estado que se aplique rigurosamente la Ley Ambiental a empresas que la violan, como Grupo Porcícola Mexicano (Kekén), pues de las casi 500 granjas que tiene operando en 50 municipios en el interior de la entidad, solo 21 cuentan con manifiesto de impacto ambiental (MIA).
Entrevistados sobre el informe que presentaron en el VI Congreso Nacional “Agua para todos, agua para la vida”, que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, y que concluyó el lunes, Cuauhtémoc Jacobo Fermat, uno de los líderes del Consejo Ciudadano por el Agua en Yucatán, señaló que además de la falta de estudio, no se consultó a los pueblos originarios sobre la instalación de esas megagranjas.
Detalló que la “historia del agua” está llena de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, para favorecer intereses de empresas y grupos que trasgreden la ley sin recibir castigo, y agregó que Yucatán no es excepción.
El activista recalcó que participar como parte de la delegación mexicana en el congreso sirvió para aprender de experiencias que son dolorosas y que deben servir para que Yucatán se prepare para forjar una lucha por la defensa del agua, por la vía pacífica y legal en todos los frentes, “porque, por defenderla, muchos compañeros de Torreón, Durango, Sonora y de otros estados han sido asesinados”, relató, y agregó que eso no puede suceder más ni en el país, ni mucho menos en Yucatán.
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Recordó que en el evento denunciaron que Kekén forma parte de una asociación de porcicultores que operan sin MIA, que están descargando a boca de tubo aguas negras directamente al monte, residuos que se filtran al manto freático; “si estas huellas que deja el criminal, ¿qué tiene que hacer el Estado para atraparlo por envenenar nuestro acuífero? Entonces, vamos a seguir utilizando los canales que se abran para que este problema se resuelva y somos pacíficos, pero la gente está dispuesta a dar su vida, y no toda, pero cada vez más y esto crecerá”, finalizó.
Por separado, la activista de Kinchil Martha Tun Chuil apuntó que la exigencia en su poblado y todo Yucatán es que los tres poderes de gobierno trabajen desde la voz del pueblo que es la que manda, porque “ni la ley nos asiste, ni se cumple, ni se hace valer”.
Recalcó que ninguna ley que no pase por una debida consulta a los pueblos originarios debe ser aprobada, y menos cuando empresas como grupo Porcícola Mexicano (Kekén), la violan, y las autoridades no ponen freno a ello.
“Nuestra lucha no ha sido fácil, nos han puesto muchas trabas, pero seguimos organizados y positivos, porque esta es una lucha social y la afectación que hoy toca a Kinchil toca a todo el Estado; esta es una lucha por todos”, afirmó.
La activista fue muy clara al señalar que la visión de las mujeres que participan en esta lucha guarda una importancia esencial, porque además sienta precedentes ejemplares en lo que toca a equidad, ya que no hay una visión de género, ni imposiciones de ese tipo: “Aquí hablamos de un interés grupal y de hacer equipo y organizarnos tratando de empoderarnos como comunidad entre hombres y mujeres, y eso nos mantiene unidos y sin distracciones de género”, afirmó.
La granja que está en Kinchil, como ha informado POR ESTO!, es la más grande del Estado, con aproximadamente 60 mil vientres que dan a luz a más de mil doscientos cerdos diariamente, con grave contaminación al agua, hábitat y suelo de la zona, incluso ya está dañando actividades como la apicultura.
Tun Chuil reiteró su postura de exigir a los poderes de la autoridad estatal comenzar a cumplir y a hacer caso a la voz de quienes realmente saben de las características de su hábitat y de sus pueblos, y dejar de ser cómplices del atropello que Kekén comete en Kinchil y en infinidad de comunidades mayas del interior del Estado.
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CC