La síndica municipal Olga Dinorah Abraham Martínez interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán en contra del alcalde Roger Aguilar Arroyo y los regidores que conforman el Cabildo del pueblo, por los delitos de Ejercicio ilícito del Servicio Público y Coalición de Servidores Públicos, ambos cometidos en pandilla.
La funcionaria acusó a Aguilar Arroyo, alias El Zorro, de haber celebrado una sesión del Cabildo en la que incluyó dentro del orden del día un punto que describió como la presentación, análisis y, en su caso, aprobación de la solicitud hecha por el secretario municipal, José Raymundo May Chim, para que le sea asignada la representación de la localidad para la atención de diversos procesos judiciales que están actualmente en desarrollo y precisan dicha atención, el cual tuvo como objetivo la revocación de facultades de Abraham Martínez.
De acuerdo con la denuncia que obra en nuestro poder, la Regidora señaló que durante la sesión May Chim mintió al manifestar que ella le comentó “de forma verbal” que “presentaba dificultades para acudir a las audiencias y diligencias que se citasen”.
Según la denuncia, ese fue el momento que aprovechó su compañero para solicitar a la junta expresamente que la representación del Ayuntamiento recaiga en sí mismo, citando el artículo 41 y los incisos a, b y c del numeral 61 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, reiterando que el objeto de su petición era “preservar los intereses jurídicos”.
Abraham Martínez señaló que la reunión careció de sustento jurídico y lo afirmado por Raymundo May Chim es falso, puesto que ella nunca dijo que tuviera alguna imposibilidad para continuar ostentando la responsabilidad del pueblo, e incluso negó haberse comunicado con él de forma previa a la sesión en la que éste usurpó sus funciones.
Olga Abraham agregó que, de haber sido el caso, tendría que haberse girado un oficio dirigido al Cabildo en el que ella manifestara su impedimento, lo cual tampoco aconteció.
En la querella también se expone que la sesión de Cabildo celebrada el 6 de marzo del año en curso fue presidida por Roger Rafael Aguilar Arroyo, alcalde de Motul, pese a que está impedido de participar, en razón de que es el principal acusado de los actos de corrupción denunciados por la Síndica Municipal.
A pesar del intento de parecer ajeno e imparcial durante la reunión, Aguilar Arroyo intervino al instruir al secretario May Chim que la copia de la sesión fuera remitida, aunque sabía que era ilícito lo que él solicitó.
No fue convocada
La Síndica Municipal afirmó no haber sido convocada a dicha sesión, lo cual indica que fue una acción planificada y dolosa por parte del Primer Edil y los demás regidores.
En el documento, firmado por Olga Dinorah, se observa el análisis de los numerales expuestos por el Secretario Municipal como fundamento jurídico de su petición. Cabe mencionar que el antes mencionado artículo 41 contiene las atribuciones de la Comuna, siendo que ninguna de las fracciones de dicho código resultan aplicables al caso, ni mucho menos podrían figurar como sustento jurídico a lo aprobado por el personal del Palacio.
Asimismo, lo contenido en el numeral 61 de dicha Ley establece cuáles son las facultades y obligaciones del Secretario Municipal, de cuyo análisis se desprende que ninguna de sus funciones le facultan a representar al municipio, por lo que Raymundo May Chim se estaría extralimitando en sus responsabilidades, siendo esto el punto principal mediante el cual se configura el delito denunciado por Abraham Martínez.
Cabildo a modo
Según Olga Abraham, la maniobra del Cabildo obedeció a que El Zorro pretende contar con un equipo a modo, con el objetivo de que sea celebrado un acuerdo reparatorio que le permita a él y a sus regidores justificar la malversación de recursos, por los cuales es investigado en la Fiscalía Especializada Anticorrupción, puesto que, desde un inicio, la denunciante se negó a firmar dichos acuerdos que servirían de escaparate jurídico para continuar perpetuando lo que podrían considerarse como actos de corrupción.
Así consta en las carpetas de investigación identificadas con los números C1/18/2022, C1/23/2022, C1/24/2022 y C1/28/2022, abiertas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. Pudimos conocer que dichos documentos han sido turnados a los juzgados de control primero y segundo, correspondientes para dar inicio a los procesos judiciales respectivos.
Llamó la atención que dichos procedimientos se han desarrollado de forma sigilosa, puesto que, en su mayoría, la defensa del Alcalde ha optado por plantear la opción de acuerdos reparatorios. La Auditoría Superior del Estado es la institución que señaló las irregularidades, las cuales no fueron subsanadas en tiempo y forma por la administración que encabeza Aguilar Arroyo.
En su denuncia, Abraham Martínez manifestó no estar enterada de los procesos en contra del Primer Edil, y mucho menos de los acuerdos reparatorios en los que ella, como representante del municipio de acuerdo con sus facultades legales, debió ser notificada. Es por ello que solicitó conocer las carpetas, a la vez que acreditó su personalidad jurídica.
La querella interpuesta incluye, además del primer edil Roger Aguilar Arroyo, a los regidores y regidoras, Luis Alonso de Jesús Maldonado Casanova, Adriana Andrea Can Celis, Sheila Belem Cuevas Tamayo, Edwin Ariel Aké Chablé, Arely del Carmen Uitz Barroso, Leander de Jesús Palma Caamal, Miguelina Arcángel Sánchez Tab, Gaspar Collí y Estrella, junto con el citado secretario municipal, José Raymundo May Chim.
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GC
