En contra del sentido crítico y social de la máxima casa de estudios que encabeza, Carlos Alberto Estrada Pinto, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, pactó un sospechoso convenio de colaboración con Grupo Porcícola Mexicano (GPM), que maneja la marca Kekén, acusada incluso por propios investigadores de la institución de contaminar Yucatán y enfermar a sus habitantes, sobre todo de zonas indígenas.
Con el trato signado, el Rector de marras también socavó el espíritu que le dio origen a la institución, fundada por Felipe Carrillo Puerto, defensor de los indios mayas a quienes protegió, y cuyos descendientes hoy sucumben ante las enfermedades causadas por los desechos de las heces fecales de los cerdos.
Por si fuera poco, también se olvidó de que la Universidad ya tenía compromisos con la comunidad a la que se debe y echó por tierra acuerdos previos para defenderla: recordemos que hace un año, en agosto de 2023, se unió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) precisamente para entablar una defensa de los derechos de los pueblos mayas.
En ese entonces, tal como publicó POR ESTO!, se comprometió con el pueblo de Ixil, agobiado por la insultante contaminación de granjas de cerdos de Kekén, en la elaboración de un proyecto de ordenamiento ecológico, que le permitiera frenar el despojo de tierras y de recursos naturales, como los cenotes y su agua, por parte de inmobiliarias y de industrias porcícolas. Hoy, el Rector se olvidó de este tipo de acuerdos y traicionó incluso a la institución que representa para aliarse con el enemigo.
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Ayer, con bombo y platillo, Estrada Pinto firmó en nombre de las Facultades de Ingeniería Química y Economía de la UADY, “un convenio de colaboración” con GPM para elaborar el proyecto “Evaluación de Impactos Sociales y Económicos”, supuestamente para “estudiar la huella socioeconómica que ha originado la actividad agroalimentaria en su contribución a la generación de empleos formales directos e indirectos en las áreas rurales de Yucatán”.
De hecho, Estrada Pinto, durante el acto, se regocijó con las “colaboraciones que se han realizado con la empresa yucateca”, y aceptó que ha recibido apoyos de Kekén, aparentemente para la universidad, con el programa “Hoy en tu Comunidad”, con el que “se beneficiaron a más de tres mil personas de 30 comunidades del Estado”. Como POR ESTO! ha documentado, el modus operandi de Kekén para evitar las manifestaciones sociales es precisamente abusar de la necesidad de los pobladores, la mayoría de escasos recursos, a quienes ofrecen ciertos servicios como los médicos, a cambio de que guarden silencio sobre la contaminación y el daño ecológico que causa.
Estrada Pinto calificó a Kekén como una “empresa que tiene una responsabilidad social empresarial muy importante”, una opinión que contradice incluso a científicos egresados de la UADY, que han combatido ferozmente la ambiciosa expansión de la marca porcícola. Ahí está, por ejemplo, Yameli Aguilar Duarte, egresada de la licenciatura en Biología y de la Maestría en Ingeniería Ambiental, ambas de la máxima casa de estudios de Yucatán, quien encabeza la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst A.C.; ella ha denunciado puntualmente que una de las mayores fuentes de contaminación proviene precisamente de granjas de cerdos y aves.
Con su proceder y su opinión sobre Kekén, a toda luces sesgada por puro interés económico, el Rector también pone en tela de duda los frecuentes señalamientos de otras instituciones que se distinguen por su lucha contra las injusticias y abusos como la propia Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyos investigadores -en colaboración con científicos locales- han señalado los daños que ocasiona la industria porcícola instalada sobre el Anillo de Cenotes. También contradice a organizaciones internacionales como Greepeace, cuya lucha incansable contra las plantas de cerdos ha ayudado a generar información valiosa para sustentar las afectaciones de Kekén.
De hecho, en 2020, Greenpece presentó el informe “La carne que está consumiendo al planeta”, en la que revela que en la península de Yucatán hay 257 granjas porcícolas, 14.2 por ciento de las que hay en el país; su operación ha causado deforestación, daño al suelo poroso, contaminación a acuíferos, malos olores, ruido, despojo y afectación al ecoturismo de los cenotes.
Del total de granjas en la zona, 43 están en Áreas Naturales Protegidas, una en un sitio Ramsar (categoría designada a los humedales de importancia internacional), 122 en regiones de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad, 20 en sitios de conservación y solo 22 cuentan con Manifiesto de Impacto Ambiental. También se detectó que cinco de las ocho muestras de agua rebasan la NOM-O01-SEMARNAT-1996 para la protección de la vida acuática.
El proyecto entre UADY y Kekén se realizará en 22 municipios y 38 comisarías donde se entrevistarán a 630 familias.
GC