La próxima visita de representantes de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Santa María Chi, será clave en la defensa del territorio que mantienen sus habitantes.
Y es que el organismo internacional enfatiza la vida digna con base a derecho, entre ellos “el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
Y es justamente lo que la comisaría ha perdido por la contaminación generada por la granja de cerdos Santa María. La visita será mañana lunes, en el campamento de los defensores de Santa María Chi.
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Y será previo a la mesa panel “Nuestros derechos, nuestro futuro ¡Ya!”, que se realizará en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) UNAM.
Por lo pronto, el comisario Wilberth Nahuat Puc compartió en redes sociales que entregó cartas y pronunciamientos en los despachos del juez y fiscal. Hizo lo mismo con los colectivos, asociaciones, activistas, instituciones, sociedad civil, académicos y la Procuraduría Agraria Nacional.
“Gracias por todo su respaldo. Hay comisario para tres años más y una lucha social hasta donde la salud y la vida lo permita”, fue su mensaje.
Entre las misivas, se le entregó una a Manuel León León, Fiscal General Autónomo del Estado, en la que se le solicita su apoyo para que, en apego de las garantías y derechos procesales establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 13° del Código Nacional de Procedimiento Penales, se respete el principio del debido proceso y la presunción de inocencia, respectivamente.
Lo anterior, ante la denuncia en su contra, en la que se le atribuyen presuntos actos de privación de la libertad y despojo de bienes inmuebles, durante la protesta en contra de la Granja Porcícola Santa María.
Por eso, exhortó a atender esta controversia y verificar que los actos señalados sean ciertos y, en su caso, se otorgue la atención requerida a este ciudadano.
A considerar
Santa María Chi, como comunidad maya, sería respaldada por la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ésta señala en su artículo 29 que tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos.
“Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado”, indica el artículo.
Se agrega que los estados también tendrán que adoptar medidas eficaces para asegurar, según sea necesario, que “se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados”.
Asimismo, en su artículo 32 se plantea que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas, a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
“Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual”, se complementa en dicho artículo.