La granja Santa María está siendo evaluada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para verificar si ha cumplido con las indicaciones impuestas por las autoridades, según informó Marina Boy, titular de la Profepa.
La evaluación ocurre en medio de las preocupaciones de la comunidad de Santa María de Chi sobre los impactos contaminantes del complejo porcícola que es aparcera de Kekén.
“Justo la visita que acabamos de hacer (hace una semana) tuvo como propósito ver qué cumplimiento les habían dado a todas las medidas correctivas que nosotros les impusimos”, reveló.
Boy explicó que recientemente se realizó una visita al lugar con el fin de comprobar que se hayan implementado las medidas correctivas requeridas. “Estamos en el periodo de análisis para determinar qué se ha cumplido y qué no, y con base en eso, tomaremos las acciones pertinentes”, señaló la funcionaria.
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Simultáneamente, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) ha colocado sellos de clausura parcial en la entrada de la granja. Además, la comunidad local, respaldada por ejidatarios y adultos mayores, interpuso nuevos amparos, lo que llevó al Juzgado Cuarto de Distrito a ordenar un nuevo paro de operaciones del complejo.
Marina Boy detalló que, aunque inicialmente se había ordenado el cese total de la granja, las impugnaciones presentadas por el propietario han modificado la medida. En su lugar, se realizará un estudio de daño ambiental y la granja deberá tomar acciones para mitigar los efectos negativos derivados de la presencia de cerdos en sus instalaciones.
Ahora el complejo será sujeto a un estudio de daño ambiental y se le ordenó “implementar todas las acciones necesarias para mitigar los daños ambientales derivados de los cerdos que aún permanecen en la granja”.
“Independiente de lo que se ordene (por el Juez), nosotros tenemos procesos administrativos, a través de los cuales podremos tomar medidas que consideremos pertinentes”, expuso la titular de la Profepa. “Y una de esas medidas puede ser el cumplimiento de la sentencia del amparo”, sostuvo.
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La Profepa, por su parte, continuará con sus procesos administrativos y no dudará en aplicar medidas adicionales, como el cumplimiento de la sentencia del amparo en caso de que se incumpla con la normativa. Además, la titular de la Profepa advirtió que se interpondrán denuncias penales contra quienes violen los sellos de clausura, como ha sucedido en el pasado con otras empresas.
Lo anterior sería una buena noticia para Santa María Chi, que ha visto cómo el Ayuntamiento de Mérida le renovó el permiso de operación a la empresa Chumoxil, SA de CV, pese a las demandas en su contra.
“En esos casos, tenemos que reimponer y reimponer sellos las veces que sean necesarias, pero además vamos a presentar denuncias penales contra estas personas (físicas o morales) que están violando los sellos de Profepa”, aseveró.
En cuanto a la situación de otras granjas porcícolas en la región, Boy subrayó que la Profepa considera este tema como una prioridad en su agenda, respondiendo a las preocupaciones presentadas por las comunidades afectadas. La colaboración con los habitantes locales será clave para reforzar los procedimientos y, si es necesario, abrir investigaciones penales. “Esto robustece nuestros procedimientos en caso de llegar a la vía penal y para abrir carpetas de investigación”, apuntó.
Reiteró que el tema de las granjas porcícolas en Yucatán “es prioritario en la agenda, por lo que habían presentado las comunidades”.