Habitantes, en su mayoría adultos mayores y ejidatarios, de la comisaría de Santa María Chi interpusieron dos nuevos amparos en contra de la Granja Santa María, operada por Grupo San Gerardo, aparcera de Grupo Porcícola Mexicano, que opera la marca Kekén.
La comunidad ha denunciado los impactos ambientales y sanitarios de la megagranja, la cual sigue operando a pesar de una orden judicial que dictó su suspensión.
La lucha de los pobladores contra la planta ha enfrentado un obstáculo constante: la complacencia de las autoridades municipales. A través de la Dirección de Finanzas y Tesorería y la Dirección de Desarrollo Urbano, el Ayuntamiento de Mérida ha renovado reiteradamente la licencia de funcionamiento de la granja, y ha desoído las resoluciones judiciales y las quejas de la ciudadanía.
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La Juez Cuarta de Distrito en el Estado de Yucatán, Socorro del Carmen Díaz Urrutia, ya había ordenado el cese de operaciones de la granja, tras aceptar los primeros amparos promovidos por la comunidad. Sin embargo, la actividad en el complejo porcícola continúa, lo que obligó a los habitantes a recurrir a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en busca de una intervención efectiva.
Durante una sesión de Cabildo, el secretario municipal, Édgar Ramírez Pech, argumentó que la suspensión de la granja “no es competencia del Ayuntamiento”, y así se lavó las manos ante el grave problema. En respuesta, los habitantes interpusieron una denuncia vecinal ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en la que señalaron los procesos altamente contaminantes de la granja y la ausencia de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
El malestar de la comunidad se ha intensificado tras revelarse que la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, encabezada por Marisol Cen Caamal, y la Dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Lourdes Solís Méndez, renovaron la licencia de funcionamiento de la granja cada vez que un amparo avanzaba en los tribunales.
La inacción de las autoridades municipales quedó en evidencia el pasado 27 de enero de 2025, cuando, durante una sesión de Cabildo, se discutió la renovación de la licencia de la granja. Los pobladores enviaron una carta a los 15 regidores del Ayuntamiento, pero solo cuatro respondieron al llamado: Eddie Maldonado, Gabriela González, Georgina Piña y Adrián Gorocica.
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Los recientes amparos fueron presentados poco después de que la Comisión Permanente de Salud y Ecología discutiera la demanda contra la Dirección de Desarrollo Urbano por la licencia de funcionamiento 47502, vigente hasta el 31 de junio de 2027. Se espera que el próximo 6 de marzo se determine si el acto reclamado es de carácter institucional y si se justifica una nueva suspensión.
Mientras tanto, la Profepa ha reactivado su participación en el caso, aunque hasta ahora solo ha emitido recomendaciones para una “adecuada” operación de la granja, sin imponer sanciones ni clausuras. La SDS también tiene pendiente una visita de inspección al lugar, luego de que en administraciones pasadas desestimara denuncias previas, argumentando que “los desperdicios de los cerdos se percibían poco”.
Los habitantes de Santa María Chi han dejado claro que no bajarán los brazos. Con estas nuevas acciones legales, buscan que se haga justicia y se frene la contaminación ambiental que, aseguran, está afectando su calidad de vida.
“Si las autoridades municipales no actúan, nosotros lo haremos”, expresaron a través de la página de Facebook Santa María Chi 2021-2024, en la que han documentado el avance de su lucha contra la megagranja.
Ahora, todas las miradas están puestas en la resolución judicial y en sí, finalmente, las autoridades federales tomarán cartas en el asunto, ante la evidente omisión del Gobierno municipal.
