Un Juez Cuarto de Distrito en Yucatán concedió una nueva suspensión a la niñez de la comisaría de Santa Marí Chi en Mérida en una nueva demanda de amparo para suspender de manera inmediata las operaciones de la granja porcícola operada por la empresa Chumoxil S.A. de C.V., propiedad de Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz.
Mediante un comunicado, la comisaría de Santa María Chi informó sobre la orden del Juez federal concedida el pasado 28 de enero de 2025 en una nueva demanda de amparo presentada contra la Dirección de Desarrollo Urbano y la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mérida.
La suspensión incluye que de forma inmediata estarán paralizadas las operaciones de la granja, entre ellos detener la introducción de más cerdos, y que se lleven a cabo acciones de mantener con vida a los cerdos que ya se encuentran en el sitio.
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También que se continúe con el tratamiento de las aguas residuales y se implementen todas las acciones para mitigar los daños ambientales causados por los cerdos, y que se realicen visitas a la granja para verificar el cumplimiento de la suspensión, y que esta sea cumplida por la empresa.
Cabe señalar que esta es una nueva suspensión a las operaciones de la granja porcícola en Santa María Chi luego de las otorgadas el 21 de mayo y 15 de noviembre de 2024, en donde se ordenó a las autoridades, entre ellas la Dirección de Desarrollo Urbano y al Ayuntamiento de Mérida, que establezcan medidas para mitigar el daño ambiental.
Sin embargo, el comisario de Santa María Chi indicó que pese a estas suspensiones, el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, renovó la licencia del funcionamiento de la granja porcícola hasta el 31 de agosto de 2027.
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“Esto es una clara violación a los derechos humanos de la niñez y de la población en general de Santa María Chi, puesto que están debidamente documentadas las afectaciones que la granja está ocasionando a la salud, al agua, y al medio ambiente sano de la población”, compartió.
resaltó que el Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal ha impugnado esta nueva suspensión otorgada a la niñez contra la renovación de la licencia del funcionamiento, señalando que no cuentan con las facultades para ordenar la paralización del establecimiento por presuntas infracciones a la normatividad ambiental conforme a lo dictado por el Juez de Distrito.
Acusan al Ayuntamiento de estar a favor de los empresarios para que las operaciones de la granja porcícola siga operando y afectando al medio ambiente, por lo cual, señalaron que con esta nueva suspensión, se tiene la obligación de detener el funcionamiento y que estas órdenes se cumplan conforme a la ley.
