La denuncia que presentó la expresidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Lirio Guadalupe Suárez Améndola ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción prácticamente ya está integrada para turnar al Juez de Control y libere las órdenes de aprehensión, informó el Fiscal Anticorrupción, Loreto Verdejo Villacís al señalar que el delito principal es peculado e involucra a integrantes del Consejo General del IEEC.
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Cabe señalar que la exconsejera y presidenta del organismo público local electoral declaró que interpuso denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por un monto de 110 millones de pesos; sin embargo, luego de su remoción en noviembre de 2023, declaró que la cifra llegaba a los 180 millones de pesos por la actualización y descubrimiento de adeudo que surgían.
Cuestionado sobre la acusación, Verdejo Villacís puntualizó que “en esa carpeta de investigación son varios funcionarios los que están involucrados, esto es prácticamente toda la parte de integración del Consejo del Instituto Electoral”.
La investigación de la carpeta -aseveró- está muy avanzada, por lo que están “muy próximos al ejercicio de la acción penal”, y añadió que van a turnar el caso ante el Juez de Control “para que emita las órdenes de aprehensión correspondientes”.
De la cantidad que imputan como hecho delictivo, el funcionario argumentó que ya tiene el monto, pero por prudencia no especifica la cantidad, aunque reconoció que “es un monto bastante importante”.
De los involucrados en el hecho delictivo, adelantó que “propiamente todos los consejeros”.
Cabe recordar que, tras su remoción, que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por designar a un encargado de despacho en el Órgano Interno de Control (OIC) cuando es facultad del Congreso del Estado, Suárez Améndola ofreció una conferencia de prensa el 19 de febrero del 2024, donde reveló graves irregularidades en la administración pasada (2015-2021 que presidió Mayra Fabiola Bojórquez González), y puso de manifiesto el clima de impunidad de quienes permitieron la crisis por la que atravesaba el IEEC.
Además -sostuvo-, “este acoso judicial no fue más que una forma de desviar la atención de las omisiones del pasado para buscar un pretexto que les permitiera legitimar mi salida”.
Entre los problemas financieros que arrastró el IEEC se cuenta con adeudos superiores a los 110 millones de pesos que incluían deudas a entes de seguridad social, recaudación fiscal, partidos políticos y proveedores del proceso electoral
La exconsejera señaló -entonces-, que aunado a todo lo anterior, el Congreso del Estado recortó el presupuesto en un 40 por ciento, lo que “agravó la crisis del Instituto Electoral”.
Suárez Améndola confirmó que la denuncia de irregularidades encontradas fue catalogada “como un acto de falta de tacto político y de capacidad de negociación, que inició una campaña de difamación en mi contra; la intención era desestimar la situación del Instituto y desviar la atención del encubrimiento de las omisiones que dieron lugar a la grave crisis del Instituto Electoral”.
Recientemente, en entrevista, precisó que presentaría una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) y otra en la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
JY