Al señalar que en Campeche, aunque no sea un delito tan marcado también puede existir trata de personas y violación en los casos de mujeres desaparecidas, la asesora jurídica de la Red de Mujeres y Hombres con una Opinión Pública con Perspectiva de Género (Redmyh), Estela Sánchez Canto, subrayó que se deben eliminar los prejuicios y priorizar el respeto a los derechos humanos respecto a los reportes de personas no localizadas por parte de la titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP), Alicia García Andrade.
La semana pasada se hizo viral la desaparición de tres estudiantes del Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios (CBTIS) 09 en la capital, sobre todo cuando se reportó el hallazgo de una de ellas, localizada por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) mediante un operativo en la unidad habitacional Solidaridad Urbana, luego de una llamada que la misma joven hizo pidiendo ayuda, pero sin presentar ningún tipo de agresión.
Hace unos días, García Andrade ofreció una conferencia de prensa asegurando que las jóvenes que se reportan como desaparecidas es porque atraviesan problemas familiares o tienen relaciones personales y prefieren salirse de su casa.
También, dijo que las tres alumnas del CBTIS que no aparecían ya están de vuelta con sus familias. Dio a conocer que, en total, 27 estudiantes han sido reportados como desaparecidos en la Entidad.
Sánchez Canto calificó de deprimente la postura de la titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas respecto a la forma o el contexto en que se manejó el problema de las estudiantes que, por fortuna, ya fueron localizadas.
Enfatizó que independiente de los prejuicios que se puedan tener como seres humanos, en el caso de un servidor público, éste debe guiarse por los principios básicos en derechos humanos y eliminar los estigmas en sus declaraciones (en referencia a las tres estudiantes desaparecidas, aunque ya fueron encontradas), pues el organismo tiene personas no localizadas “y siempre hay temas que poner sobre la mesa”.
Afirmó que “a veces las desapariciones forzadas o la desaparición en términos generales tiene un trasfondo de delitos como violación, trata, etcétera”, y aunque aceptó que en el Estado “aún no están tan marcados, no quiere decir que no exista ese problema”.
En tales casos, la activista consideró que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, ya que hay protocolos de actuación como el “Alba” en los de mujeres desaparecidas, y cuáles son los pasos que se deben seguir para analizar el contexto y dar pronto con la ubicación de la víctima.
Explicó que “no es lo que quiero o lo que se me indica”, sino “aplicar los protocolos por obligación”, sobre todo por el hecho de ser servidores públicos y que se supone están especializados para tratar estos temas, razón por la cual exigió que se utilicen correctamente los procedimientos cuando se trate de desapariciones ligadas a delitos
