Diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitando un parlamento abierto para analizar las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Estas modificaciones, ya aprobadas en el Senado, permitirían al organismo disponer de 2.4 billones de pesos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores.
Riesgos señalados por el PAN
En conferencia de prensa, el senador panista Ricardo Anaya calificó la propuesta como “irresponsable” y advirtió que podría generar pánico entre los derechohabientes, llevando al organismo a la insolvencia.
No obstante, aclaró que no están convocando a los trabajadores a retirar sus ahorros masivamente, sino a solicitar al gobierno que respete los fondos de los trabajadores y dé marcha atrás a las reformas, especialmente al artículo 42.
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Por su parte, el diputado panista Agustín Rodríguez planteó la necesidad de un diálogo inclusivo.
Propuso convocar a especialistas, representantes del Infonavit, trabajadores y empresarios para garantizar que las decisiones estén basadas en un análisis técnico y no en resoluciones apresuradas.
Respuesta del gobierno y legisladores de Morena
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, desmintió las acusaciones, calificándolas como "totalmente falsas". Aseguró que el gobierno no planea tomar los fondos de los trabajadores y señaló que dichas afirmaciones buscan desinformar y generar incertidumbre.
Gutiérrez Luna anunció que las reformas serán discutidas en comisiones en enero, con la intención de presentarlas al pleno al inicio del próximo periodo legislativo en febrero.
Además, adelantó que el director general del Infonavit, Octavio Romero, ofrecerá una explicación detallada sobre la reforma durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El PAN espera que el parlamento abierto permita un debate constructivo y transparente sobre las reformas. Mientras tanto, Morena insiste en que la propuesta no pone en riesgo los ahorros de los trabajadores, instando a la ciudadanía a informarse por fuentes oficiales.
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