La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al gobierno mexicano a fortalecer las investigaciones relacionadas con el reciente hallazgo de restos humanos en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
Este sitio es señalado por colectivos de búsqueda como un posible "campo de exterminio" vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La CIDH reconoció las acciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar la crisis de desapariciones en el país. Sin embargo, enfatizó la necesidad de que las autoridades mexicanas conduzcan investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes sobre los delitos cometidos en Teuchitlán.
Además, subrayó la importancia de identificar los restos encontrados y garantizar la participación activa de las familias afectadas en los procesos de búsqueda e investigación.
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Este llamado se suma a las preocupaciones expresadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha solicitado a las autoridades de Jalisco preservar adecuadamente las evidencias halladas en el rancho Izaguirre.
La CNDH advirtió que el ingreso masivo de personas y medios de comunicación al sitio podría comprometer la integridad de la investigación y afectar la búsqueda de personas desaparecidas.
El rancho Izaguirre ha estado bajo custodia de las autoridades desde septiembre pasado, cuando se detuvo a 10 personas.
Sin embargo, seis meses después, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció el hallazgo de fosas clandestinas con restos óseos calcinados en el lugar.
Estos descubrimientos han intensificado la presión sobre el gobierno mexicano para atender la crisis de desapariciones, en un país donde más de 120 mil personas permanecen no localizadas desde que se tienen registros.
La CIDH enfatizó que, aunque los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, esto no exime al Estado de su deber de investigar y buscar conforme a sus obligaciones en materia de derechos humanos.
El organismo internacional instó a las autoridades mexicanas a sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familias reciban una reparación adecuada y oportuna.
IO
