Más del 70 por ciento de los 520 mil empleados que cotizan en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no tienen capacidad económica para acceder a un crédito de vivienda debido a los altos costos que tienen las mismas, las cuales superan los 900 mil pesos en Quintana Roo, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación Quintana Roo, Antonio Leonardo Garrido Hurtado.
Debido a este y otros factores, se ha detectado que más de 82 mil familias se encuentran en situación de irregularidad o invasión, esto sólo en el municipio de Benito Juárez.
De acuerdo con datos del Infonavit, de los 520 mil trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), apenas 145 mil están en condiciones de ejercer un crédito.
Garrido Hurtado aseguró que el organismo federal no está observando a los trabajadores que cotizan para una vivienda. “No se está atendiendo a esos sectores y para el programa nacional de vivienda, el Gobierno no tiene tierras en el estado que pueda disponer para la construcción de casas. Los desarrolladores somos quienes tenemos tierra, el Gobierno no”, enfatizó.
En ese sentido, argumentó: “No es un problema de oferta, viviendas hay, en diferentes segmentos que van desde los 900 mil pesos si es de interés social”. Indicó que los costos elevados se deben a los precios internacionales del acero, el cobre o el cemento, lo que genera el encarecimiento de las casas.
Consideró que los desarrolladores tienen capacidad para la construcción de las viviendas que considere el Gobierno acorde con su programa nacional. Aunque reconoció que, hasta hace algunos años, edificaban más de 18 mil casas, mientras que el año pasado apenas superaron las 8 mil.
Para dar seguimiento al Programa Nacional de Vivienda, el gobierno federal iniciará la edificación de las unidades en febrero de este 2025, dijo Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), recientemente en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
De acuerdo con ello, precisó que se dispone de 306 predios que abarcan 2 mil 709 hectáreas, con lo que se cumple el 100% de la meta establecida para 2025. Paralelamente, se desarrollan 200 proyectos ejecutivos mediante 31 mesas de coordinación estatales y municipales, además de ocho convenios de colaboración que se finalizarán en enero.
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha asignado 62 de los 167 predios previstos a Organismos Ejecutores de Obra. En estos terrenos se construirán 55,759 viviendas como parte del plan 2025.
Regularización
El Gobierno identificó los predios a expropiar para regularizar y dar derechos a sus propietarios. En este rubro, en Quintana Roo se han identificado 2.9 hectáreas que se regularizarán en este 2025.
Asimismo, el director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), José Alfonso Iracheta Carroll, informó que está por concluir el proceso de expropiación para regularizar 35 mil lotes en tres estados del norte del país. El procedimiento implica que el Gobierno federal expropia los terrenos para posteriormente cederlos a sus poseedores, quienes recibirán sus títulos de propiedad.
Como parte de ese proceso, la Conavi ya tiene la mayoría de los predios identificados para regularizarse en 2025. Incluso, en algunos estados la meta se supera por más del doble, al dar a conocer que en Quintana Roo el avance es del 141 por ciento, aunque aún no se precisa en qué ciudades o cuántas viviendas entran en este programa.
No cambia mucho en Chetumal
Desde hace varios años, los trabajadores en la capital del estado afrontan diversas dificultades para adquirir viviendas de interés social en la ciudad, principalmente por la falta de desarrollo de nuevos fraccionamientos, aseguró el presidente de la Coparmex, Osmany Palomo Hoil.
La falta de casas a precios accesibles y con las condiciones mínimas que garanticen la comodidad del interesado supone un obstáculo para los trabajadores en su búsqueda por hacerse acreedores de una propiedad.
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“No hay oferta de vivienda a la que los trabajadores puedan acceder. Cada trabajador cuenta con un presupuesto de Infonavit, en promedio, de entre 600 y 800 mil pesos. Pero no hay oferta que cumpla con los requisitos mínimos”, explicó. A los precios de venta de las propiedades se suma el nulo o lento desarrollo de nuevas áreas de vivienda, las cuales no alcanzan a cubrir la demanda. Esto debido al crecimiento poblacional que ha tenido Chetumal en los últimos años, crecimiento que en gran parte se debió a la llegada de familias y trabajadores del Tren Maya.
Sin embargo, mencionó que esto solo propició el incremento del precio de la renta a precios desorbitados, lo cual ha ocasionado que algunas personas opten por buscar compañeros de cuarto o que familias se junten con otras para que el costo les sea menor y más llevadero.
“La especulación inmobiliaria ha propiciado que los precios de renta aumenten; los propietarios de vivienda se han dado cuenta de esta situación. El Tren Maya vino a detonar todo esto”, apuntó Palomo Hoil.
Así, la población trabajadora en la capital no puede hacer frente a los precios de vivienda que se ofertan, ya que la mayoría ronda por encima de los 800 mil pesos, quedando fuera de las posibilidades económicas de los trabajadores interesados.
Algunas ofertas de propiedades situadas en la zona norte de la ciudad pueden encontrarse en un promedio de 650 mil pesos; sin embargo, carecen de las características y comodidades para que el trabajador decida invertir su dinero o sus créditos en casas que no cumplen con lo que buscan.
