Aracely Domínguez, Presidenta de Grupo Ecologista del Mayab, señaló que en los asentamientos irregulares hay muchos problemas sociales y sanitarios, además de ser una fuente de contaminación muy alta, porque son colonias completas las que no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales, lo que perjudica directamente al manto freático; sin embargo, aclaró que no hay que hacer responsables a los que viven ahí, sino a los que promovieron políticamente y electoralmente que las personas se apropiaran de esos lugares, lo que evidencia el caos de la tenencia de la tierra en Quintana Roo.
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Añadió que el modelo de crecimiento desde la década de los 80 ha sido el botín político de todos los candidatos que han aspirado o llegado a un puesto gubernamental, ya que prometen regularizar la tierra a cambio de votos. Las invasiones en Benito Juárez y en Solidaridad fueron promovidas por estos aspirantes.
La ocupación ilegal de tierras puede generar la deforestación y la pérdida de biodiversidad; además, la falta de servicios básicos y la proximidad a áreas contaminadas pueden causar problemas ambientales y la construcción en áreas inundables aumenta el riesgo de desastre en caso de fenómenos naturales.
En Cancún no se han respetado las zonas donde se lleva a cabo la captación de agua que alimenta a gran parte del polo turístico, ya que a consecuencia de la migración y la poca planeación de la ciudad, por décadas se han creado colonias irregulares.
Atender el destino de las aguas residuales de estos asentamientos debería ser labor prioritaria para las autoridades, pues con el tiempo resulta en altos grados de contaminación, lo que también puede afectar otros ecosistemas, dijo la entrevistada.
Las principales problemáticas sociales que enfrentan los más de 200 asentamientos irregulares de Benito Juárez y la Zona Continental de Isla Mujeres están relacionadas con la salud, ya que al carecer de servicios como agua y drenaje, las enfermedades diarreicas, alergias y males de la piel son una constante. Además enfrentan altos índices de violencia familiar, como consecuencia de que es un sector con falta de recursos económicos.
“Hay que aclarar que la mayoría de las familias que llegan a ese lugar lo hacen por necesidad, pero son usados por agrupaciones que sí se dedican a la delincuencia”, dijo Christine Mccoy Candor, investigadora y catedrática de la Universidad del Caribe.
Por otra parte, los intentos de regulación llevan muchos años; recientemente se efectuó un programa que consistía en entregar documentación a predios que cumplieron un cierto periodo de instalación; sin embargo, para ella esto ocurre por razones políticas y se lanza un mensaje equivocado a la comunidad: que se puede invadir y con el tiempo las personas recibirán la certeza jurídica sobre su lote, entonces viene el abuso de vividores, que generan las invasiones, les cobran a los interesados y después presionan al gobierno para resolver el tema y legalizarse.
Desafortunadamente esto ya se ha convertido en un problema social que tiene tintes políticos muy fuertes, opinó la experta.
Estas zonas se encuentran en los márgenes de la ciudad; sin embargo, no quiere decir que las personas que viven ahí son delincuentes, generalmente es gente buena con necesidad de vivienda, pero que sí son manejados por estos grupos, es por ello que no se debe estigmatizar a la gente como delincuentes o criminales, recalco la catedrática.
Venden terrenos ilegales desde 10 mil pesos
Algunos propietarios de grandes terrenos en el municipio de Benito Juárez realizan “negocios” a través de grupos de WhatsApp, convenciendo a la gente de adquirir predios a costos que van desde los 10 mil pesos; de esta manera comienzan nuevas invasiones, sin importar si esos terrenos son o no viables para una regularización urbana.
Esta manera de vender los terrenos se ha estado realizando de forma cotidiana no sólo en este municipio, sino en toda la entidad. Los anunciantes se publicitan en Internet o en páginas de redes sociales, como Facebok.
Existen lugares en las carreteras aledañas al aeropuerto donde esta práctica se lleva a cabo de manera normal, sin ninguna regularización, aprovechando que estas vialidades son las vías de ingreso y salida del municipio, atrapando a los visitantes, quienes en algunos casos adquieren estas propiedades.
Si bien es un modo nuevo de venta de terrenos, el costo es sólo el inicial, ya que al momento de cerrar el trato se les indica a los operadores que el pago es el primero de muchos, y que cuando el terreno se distribuya de manera adecuada y oficial con las autoridades municipales y se ingresen los servicios básicos, como electricidad, agua potable y se urbanice, deben de realizar un ajuste de precio, que se definirá hasta ese día.
Este tipo de acciones generan las creaciones de colonias irregulares, pero al final establecidas dentro de un predio, autorizados por el dueño de lugar o bien por un encargado, tal como paso en los últimos reportes de intentos de invasión registrados en los alrededores del fraccionamiento Vista Real.
En esa ocasión, las autoridades acudieron al lugar, pero sólo pudieron ejercer el retiro de los invasores de una zona que pertenecía a una conocida constructora, mientras que las personas que estaban en otro predio no pudieron ser retiradas, ya que contaban con la autorización del supuesto propietario.
Estas acciones son cada vez son más frecuentes ante la mirada de las autoridades, el detalle es que se realizan de manera casi imperceptible, solamente algunos casos salen a relucir, sobre todo cuando los afectados por algún fraude alzan la voz.
Aunque la mirada de los vendedores está en los turistas nacionales, son más las personas locales que caen en este tipo de ventas, con el afán de tener un terreno propio en cual construir un patrimonio; y al final sólo terminan en terrenos irregulares, que tienen múltiples carencias de vida.
