El Gobierno de Quintana Roo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atraer el caso de Aguakan, la operadora privada de servicio de agua en cuatro municipios del estado.
La Primera Sala de la Corte dio a conocer que la administración de la gobernadora Mara Lezama impugnó una suspensión definitiva mediante la cual se ordenó no tocar la concesión de DHC Aguakan. Su mandato está pidiendo que el máximo tribunal se pronuncie sobre esta impugnación.
El organismo pondrá a consideración de sus integrantes, en sesión privada en fecha por definir, la petición para atraer dos recursos pendientes ante un Tribunal Colegiado de Ciudad de México.
Uno de estos recursos, del Gobierno de Mara Lezama, impugna una suspensión definitiva que ordenó mantener intocable la concesión de Aguakan, mientras se tramita un arbitraje entre las partes.
El otro recurso, promovido por la empresa, cuestiona al juez que concedió esta suspensión, pero luego la revocó en septiembre, cuando Quintana Roo ofreció una contragarantía económica para cubrir los posibles daños que sufrirá la concesionaria de agua.
El Gobierno estatal no está legitimado para solicitar la intervención de la Corte, por lo que es necesario que alguno de los ministros de la Sala haga suya esta petición, para luego elaborar un proyecto en el que se resuelva si el asunto tiene características jurídicas relevantes que justifiquen la atracción.
Si nadie hace suya la solicitud, o si eventualmente la Sala rechaza ejercer la atracción, los recursos serán resueltos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil.
Desde diciembre de 2023, Aguakan litiga otro amparo, ante un Juzgado federal de Cancún, que le concedió una suspensión definitiva para detener un decreto del Congreso estatal, mediante el cual se pretende anular la prórroga que ya se había otorgado a la empresa, para seguir operando la concesión hasta diciembre de 2053.
Esta suspensión está a revisión desde mayo del año pasado ante un tribunal colegiado que no ha dictado sentencia.
En febrero, según la empresa, el Gobierno estatal le ofrecía 4 mil 500 millones de pesos por renunciar a la concesión para dársela a la firma española Acciona, otra empresa privada, y está ejerciendo presión mediante una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
Aguakan es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, valuada, de acuerdo con Kroll, en 17 mil millones de pesos.