Denuncia la directiva del ejido Chiquilá y su anexo San Ángel, que tras la auditoría realizada a la administración de Ignacio Cáceres, quien fungió como comisariado del 2022 al 2024, se detectó un desfalco por más de 10 millones de pesos, por lo que los comuneros aprobaron en asamblea, proceder legalmente contra su exlíder.
Jorge Ventura Arceo, comisariado ejidal actual, señaló que al entrar en funciones contrataron un despacho contable para realizar la auditoria, la cual arrojó como resultado, el desfalco en agravio del núcleo agrario, con la venta de terrenos, contratos y otros ingresos que nunca informó o distribuyó a los comuneros, ya que aparentemente dispuso de ellos y se desconoce en qué fueron invertidos.
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Desde su último informe se le pidió rendir cuentas que nunca les dio a conocer a los 294 ejidatarios de Chiquilá y su anexo San Ángel, de modo que al vencer su periodo el año pasado y elegirse una nueva directiva, se procedió a realizar una auditoría.
En la asamblea realizada el fin de semana se dieron los resultados de la investigación, que arrojaron un desfalco de 10 millones de pesos al núcleo agrario en el periodo de Ignacio Cáceres (2022-2024), por lo que en esa misma reunión, los ejidatarios decidieron aprobar que la directiva realice la denuncia por la vía penal y agraria.
El actual comisariado ejidal, Jorge Ventura Arceo, confirmó que este caso será ventilado a través de demandas ante el Tribunal Unitario Agrario y otra querella por la vía penal, para que se le obligue al exdirigente a resarcir todos los daños al ejido de Chiquilá y su anexo San Ángel.
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Esta decisión fue sometida a consideración de los comuneros en la asamblea celebrada en la Casa Ejidal de Chiquilá, siendo aprobado iniciar las acciones legales por unanimidad, porque salieron a relucir la venta de terrenos y contratos que realizó Ignacio Cáceres y además de desconocerse en qué fueron utilizados o invertidos los recursos obtenidos, ya que no hubo beneficios o repartición entre los integrantes del núcleo agrario.
Se mencionó que Cáceres Correa, conjuntamente con su ahora extesorero, Zacarías Jiménez, pidieron a la asamblea ejidal un periodo de tres meses para poder aclarar el destino del dinero que hace falta, y comprobar que no se trata de un desfalco, pero no fue permitido por la asamblea de comuneros, quienes dieron su anuencia para que la actual directiva proceda en su contra.
Añadieron que las oficinas de San Ángel sirvieron como oficinas de bienes raíces para la venta descontrolada de terrenos del ejido, olvidándose de las responsabilidades de atender los asuntos del ejido Chiquilá y su anexo San Ángel, y buscar un beneficio colectivo para los 294 comuneros, ya que sólo buscaron obtener ganancias para ellos aprovechándose de los recursos ejidales, que ahora deberán resarcir.
