Por primera vez en la historia, una dependencia es “clausurada”: se trata de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la que defensores del medio ambiente colocaron sellos porque la acusan de ser cómplice de la contaminación del manto freático de Yucatán.
En la protesta -respaldada por 12 organizaciones no gubernamentales y activistas-, los inconformes señalaron una aguda crisis de agua en el país, que deriva de cientos de conflictos socio ambientales, hídricos por la falta de acceso al agua, o como en el caso de Yucatán por el grave daño y contaminación al manto acuífero, especialmente vulnerable a la extracción y contaminación, entre otros factores por el creciente número de industrias altamente extractivas y tóxicas que operan en esta región, como las granjas porcícolas.
“En nuestra calidad de integrantes de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, representando al grupo promotor de la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán, en conjunto con colectivos y comunidades afectadas, nos reunimos aquí para hacer el cierre simbólico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Yucatán, como lo han hecho cientos de compañeros a lo largo y ancho de México, mediante esta manifestación pacífica”, señalaron.
Expusieron que con su movilización quieren crear conciencia “a las autoridades que están por tomar su encargo”, que las instituciones deben servir para el bien común y, si no es el caso, deberían de transformarse o dejar de operar.
La “clausura” de la Conagua fue parte de un movimiento nacional de académicos, organizaciones sociales, ambientales, y comunidades indígenas, agrupados en grupos promotores y contralorías autónomas del agua, “para evidenciar que la Conagua no funciona adecuadamente y que, por ende, esta institución debe de cambiar o dejar de existir”.
Acusaron a la Conagua de falta de planeación hídrico-territorial, consensada y vinculante para lograr una verdadera gestión de cuenca, de aguas pluviales y residuales; de incapacidad para corregir el exceso de concesiones; ineficacia y opacidad en la aplicación de recursos federales; falta de voluntad y capacidad de inspección-verificación y sanción, así como de incapacidad recaudatoria y corrupción.
“Todo esto debe cambiar para así cumplir con el derecho humano al agua consagrado en la Constitución”, recalcaron.
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En Yucatán, continuaron, el movimiento por la defensa del agua avanza cada vez más de forma madura y bien integrada, en donde los ciudadanos participan para hacer valer la ley y para hacer un frente común en contra de la corrupción y la simulación.
“Hoy, más que nunca, en medio de una crisis global climática, de una crisis nacional de acceso y calidad de agua, y cada vez mayor riesgo en el territorio kárstico por la autorización de cientos de megaproyectos e industrias que constantemente violan los derechos humanos de las comunidades, ponen en riesgo nuestra salud y afectan al medio ambiente y a la biodiversidad, nos pronunciamos a favor de las contralorías sociales comunitarias, a fin de coadyuvar a la solución de los conflictos locales, frenar la corrupción, y contribuir al buen gobierno del agua a través de la gobernanza”.
Participaron los colectivos Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán; Asociación Mexicana de Estudios Sobre el Karst; Grupo Promotor de la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán, Comisión de Enlace y Comisión de Comunicación Coordinadora Nacional Agua para Todos; Agua para la Vida, Frente Campesino en Defensa del Agua y de la Vida; Red Ciudadana por la Sostenibilidad de Yucatán, Mundo y Conciencia AC; Cine Con, Arca de Noé AC; Kolectivo Rebelde y el Frente Amplio Social Unitario.
GC