La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) ha iniciado la integración de una carpeta de investigación que incorporará al extitular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), José Domingo B.E., así como a varios integrantes de la misma dependencia en la Entidad.
Fuentes fidedignas confirmaron a Por Esto! Campeche, que el Ministerio Público encargado de perseguir los delitos cometidos por trabajadores del Estado, ha comenzado a cuadrar el tipo de ilícitos realizados en agravio de esa institución económica.
Sin especificar cuántos son los involucrados, se informó que uno de ellos es José Domingo B.E., quien en su momento fue designado por el exgobernador de Campeche -también bajo investigación por corrupción- Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y otro -presumiblemente- es el también extitular de esa dependencia José Antonio Del R.G.
La investigación que emprendió la dependencia anticorrupción abarca de los ejercicios fiscales del 2016 al 2020, lapso en el que hubo por lo menos tres titulares en la Sedeco, designados por los extitulares del Poder Ejecutivo Alejandro Moreno Cárdenas y Carlos Miguel Aysa González.
La misma fuente confirmó que, hasta ayer 19 de diciembre del 2024, la carpeta de investigación aún no había sido judicializada debido a que la Fiscalía Anticorrupción se encuentra en proceso de integrar todos los elementos para proceder con la audiencia de vinculación a proceso y que el juez determine si existen los elementos necesarios.
Asecam corroboró desvío
En noviembre del 2022, Por Esto! Campeche informó que la administración de José Antonio Del R.G., había entregado facturas apócrifas, alteradas, duplicadas e ilegibles para solventar los más de 10 millones de pesos injustificados de la Sedeco que fueron detectadas por la Auditoría Superior del Estado en la Revisión de la Cuenta Pública del Estado de Ejercicio Fiscal 2021.
Ese mismo noviembre del 2002, el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fernando Gamboa Rosas, acusó que la cifra presuntamente desviada no solo carecía de documentación, sino que fue otorgada a varias empresas fuera del padrón de proveedores del Gobierno del Estado
