Durante su segundo y último informe como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández denunció que la autonomía del Poder Judicial Federal ha enfrentado una campaña de deslegitimación durante los últimos seis años.
Sin mencionar directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, Piña señaló que los conflictos con el Ejecutivo Federal comenzaron en su administración y enumeró casos clave que intensificaron los enfrentamientos.
Casos que marcaron los choques entre la SCJN y el Gobierno
Piña destacó tres decisiones emblemáticas del pleno de la SCJN que generaron tensiones con el Ejecutivo:
- Guardia Nacional (abril de 2023): La SCJN invalidó la transferencia del control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), al considerar que esto promovía la militarización de la seguridad pública.
- Clasificación de proyectos prioritarios (2023): El pleno discutió la intención del gobierno de clasificar proyectos y obras prioritarias como de interés público y seguridad nacional, una medida que fue cuestionada por los ministros.
- Plan B electoral (2023): La Corte, con una mayoría de nueve votos, invalidó la segunda parte de las reformas político-electorales conocidas como “Plan B” por violaciones graves al proceso legislativo.
Acusaciones y hostigamiento
La ministra presidenta señaló que, tras estas resoluciones, los ministros que votaron en contra de las decisiones alineadas con el proyecto político del gobierno enfrentaron acusaciones de traición, corrupción y presunta complicidad con intereses ajenos al bienestar público.
Incluso denunció actos de violencia simbólica, como representaciones con ataúdes que aludían a algunos integrantes del pleno.
“Cada vez que la Suprema Corte resolvió casos contrarios al proyecto gubernamental, se intensificó la narrativa de desacreditación hacia quienes cumplimos con nuestro deber constitucional,” afirmó Piña.
Un llamado a la autonomía judicial
Piña Hernández concluyó subrayando la importancia de un Poder Judicial autónomo, que actúe como contrapeso y garantice el respeto a la Constitución. Este último informe marca el fin de su gestión en un contexto de alta tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
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