En las más de 200 colonias irregulares que hay en Benito Juárez, habita alrededor del 30 por ciento de la población cancunense en condiciones de precariedad y con incertidumbre en la tenencia de la tierra. La problemática lleva años, prácticamente desde los inicios de la ciudad, por lo que algunos pobladores han soportado el rezago por hasta dos décadas.
Cansados de esto, vecinos de varias colonias ubicadas en la avenida José López Portillo bloquearon esta importante vialidad desde las primeras horas de ayer, así como la carretera conocida como “Gas Auto”, que conduce hacia el libramiento de la autopista Mérida-Cancún, generando caos vial. El motivo de la manifestación fueron exhibir las condiciones deplorables de sus calles y demandar servicios básicos.
Más de 300 personas de los asentamientos El Pedregal, El Milagro, Santa Cecilia, La Amistad, Valle Verde, Avante, Tres Reyes, La Chiapaneca, Generación 2000, Antorcha Campesina, México y Las Pencas, entre otros, establecieron un bloqueo desde las 7:00 de la mañana de ayer, que se prolongó hasta después de las 5:00 de la tarde (último reporte).
Derivado de esta manifestación se movilizó a las autoridades municipales y estatales, así como a oficiales de la Dirección de Tránsito, Protección Civil, Bomberos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes se mantuvieron a la expectativa ante cualquier situación. Afortunadamente no se requirió la intervención de las fuerzas del orden.
También se observó al secretario del ayuntamiento, Pablo Gutiérrez, y al director de Protección Civil, Antonio Riveroll, quienes intentaron entablar un diálogo con los manifestantes, pero al principio no fue posible, pues las exigencias fueron claras: la gente dijo que se iba a retirar hasta ver el resultado de sus reclamos, el principal, la pavimentación de sus calles.
Hasta alrededor del mediodía se logró reunir a los representantes de la Casa Ejidal en la delegación Alfredo V. Bonfil, en ese momento las autoridades solicitaron a los manifestantes que designaran a un representante por colonia, con la finalidad de tener el acercamiento para la donación de los terrenos que comprenden las calles de dichos asentamientos.
Mientras la reunión se desarrolló por varias horas, los vecinos de las colonias irregulares continuaron con el bloqueo de las principales vialidades de entrada y salida y de Cancún, lo que generó inconformidad entre las personas que tenían que salir o llegaban.
Los conductores que se dirigían a Mérida eran desviados hacia el fraccionamiento Paraíso Maya o a la avenida Huayacán.
En tanto que la gente que llegaba de Yucatán a Cancún tenía que continuar por el libramiento de la autopista hasta el cruce con la avenida Huayacán, para dirigirse al centro de la ciudad, lo cual generó retardos de la menos dos horas según los reportes de la Dirección de Tránsito.
Llaman la atención de las autoridades con protestas
Los problemas de los asentamientos irregulares y sus conflictos sociales, ecológicos y económicos derivados se extienden a toda la geografía estatal.
Este año se han suscitado varios enfrentamientos entre los “paracaidistas” y la autoridad; asimismo, los ciudadanos han hallado en las manifestaciones y bloqueos carreteros una manera de llamar la atención de las autoridades.
Hace una semana en Playa del Carmen, colonos de la invasión San Judas Tadeo protagonizaron un enfrentamiento con la policía, en el que hubo tres arrestos. De acuerdo con las autoridades, no fue un intento de desalojo, sino la aplicación de la ley, pues con antelación, habían advertido a los pobladores que ocupaban terrenos ejidales de manera ilegal.
Al día siguiente del operativo, los inconformes cerraron la avenida Benito Juárez, tomaron el Palacio Municipal y exigieron la presencia de la autoridad municipal y un alto a la violencia, alegando que sólo anhelan paz y estabilidad.
En Tulum, a mediados de agosto, se llevó a cabo un intento de desalojo por parte de la Fiscalía General del Estado, en la zona de invasión conocida como Palma Real. Sin embargo, alrededor de 60 habitantes bloquearon el mandato judicial y cerraron la Carretera Federal 307, a la altura de Aldea Tulum, con palos, piedras, botellas y hasta llantas incendiadas.
Ese día se suscitó un enfrentamiento que terminó con varias personas lesionadas, entre ellas una mujer y un niño, y el reporte de detonaciones con armas de fuego.
El terreno de Palma Real se encuentra en litigio. Ahí habitan alrededor de 120 familias de paracaidistas, quienes se encuentran dispuestas a pagar por los predios e impuestos, a cambio de que se les ofrezca certeza legal.
La vía federal se liberó luego de dos horas, cuando se concretó el diálogo entre los invasores y las autoridades municipales.
Asimismo, a finales de agosto y principios de septiembre, el Movimiento Antorchista de Quintana Roo realizó protestas en Chetumal y Bacalar luego de acusar atropello a su derecho patrimonial, de parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), que clausuró las viviendas de más de 3 mil familias en los asentamientos Fraternidad Antorchista, Mártires Antorchistas y La Esperanza Antorchista, en Othón P. Blanco; así como La Antorcha, en el décimo municipio.
Estas colonias comenzaron a formarse desde hace 18 años, y en ellas habitan cerca de 5 mil quintanarroenses.
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A este movimiento se sumaron vecinos de otras zonas irregulares, como El Cordobés, El Cielo y El Edén, para exigir a las autoridades estatales un programa de regularización.
El 26 de julio y el 20 de agosto de este año, la PPA clausuró cuatro colonias irregulares, acto que los pobladores consideraron injustificado y una arbitrariedad.
Los afectados acusaron posibles represalias de parte de autoridades de la dependencia, por acciones que datan desde hace más de cinco años, cuando exigieron al gobierno del estado que cumpliera sus exigencias.
Otra zona conflictiva en el Sur del estado es Mahahual, que desde finales del año pasado pasó a ser el “epicentro” de la invasión y el conflicto por la tierra, pues concentra el mayor número de hectáreas invadidas en Quintana Roo. Esto ha suscitado una serie de disputas en las que, presuntamente, murió un empresario, quien encabezaba la lucha de los propietarios legales por la defensa de sus tierras.
En la Costa Maya hay alrededor de 25 invasiones, con líderes diferentes, quienes obtienen ganancias con la venta ilegal de terrenos, los cuales originalmente fueron titulados a favor de particulares y del gobierno estatal, desde hace más de dos décadas.
El engaño de estos vivales se sustenta de la siguiente manera: ingresan una solicitud de adjudicación de predios nacionales ante la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), la que les otorga un documento de inicio de proceso, que usan para convencer a los invasores de ocupar las tierras. A cambio les piden que “compren” las tierras.
Aunque posteriormente la Sedatu se percate que no es un terreno nacional, sino que tiene dueño y está debidamente titulado, los “paracaidistas” ya están afincados, por lo que el propietario tiene que interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para expulsarlos. Sin embargo, el proceso puede durar años. Incluso, en algunas ocasiones los terratenientes pueden aceptar los pagos para recuperar algo de su patrimonio y evitarse problemas.
