El sector de las rentas vacacionales tipo Airbnb está solicitando un asiento con voz y voto en el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, ya que al igual que el resto de la industria del ocio en la Entidad, pagan el impuesto al hospedaje, incluso a una tasa más alta que la hotelería tradicional.
Así lo dio a conocer Manuel Alonso Álvarez, presidente de la Asociación de Profesionales en Renta Vacacional (APAR), quien dijo que esto ya se lo han planteado a la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.
Expuso que, al igual que ellos tienen obligaciones, también tienen ciertas responsabilidades y el derecho a participar en cuestiones en las que actualmente no están involucrados. Mencionó que, por ejemplo, ellos pagan un 6% de impuesto al hospedaje, mientras que la hotelería paga un 5%; sin embargo, señaló que actualmente no tienen un mecanismo para participar, y que si ya están pagando ese 6 por ciento, necesitan estar involucrados en el mecanismo de promoción turística.
En Quintana Roo operan 28 mil 585 espacios como rentan vacacionales, de acuerdo al registro de la Secretaría de Turismo estatal (Sedetur).
Indicó que, aunque este planteamiento ya ha sido presentado a la Sedetur, hasta el momento no tienen plazo para que sea atendido.
El representante de la APAR expuso que además están intentando cumplir con toda la nueva regulación a nivel estatal, como su inscripción al Registro Turístico de Quintana Roo (Rertur-q), pues a partir de la segunda mitad de este año está prevista la aplicación de multas de más de 100,000 pesos para prestadores de servicios turísticos en la entidad que no cumplan aparezcan en este padrón.
Alonso Álvarez reconoció que aún falta un elevado porcentaje de viviendas en renta vacacional que no se han registrado, pero lo atribuyó a que están a la espera de que se reglamente la recién reformada ley estatal de Turismo, pues aún no tienen claro cómo se aplicarán algunas regulaciones como el control de parentesco que deben exigir a sus huéspedes cuando se trate de hospedar a menores de edad acompañados de adultos en sus propiedades.
Muchas de esas regulaciones y su aplicación servirán como filtro para que la actual oferta de viviendas en renta vacacional se depure y al final sigan operando sólo las que cumplan con toda la nueva reglamentación que les exige la Ley de Turismo estatal, así como el pago de licencia de funcionamiento y anuencia de Protección Civil para poder seguir brindando servicios de hospedaje en Quintana Roo, explicó el dirigente de la APAR.
Insistió en que al estar cumpliendo con la nueva regulación en el estado tienen todo el derecho a tener voz y voto en el organismo de promoción turística y ser beneficiados con la atracción de turismo que esa promoción genera para la Entidad.
Asimismo, mencionó que, con la entrada en vigor de un nuevo registro de plataformas digitales de alojamiento tipo Airbnb, así como la tasa de 6% de impuesto a anfitriones, ha provocado el retiro de muchos que optaron por las rentas vacacionales y ahora vuelven a las rentas largas.
Y es que el impuesto de anfitriones que deben pagar los arrendadores vacacionales es 3% mayor al impuesto de hospedaje que eroga la industria hotelera, además de la obligatoriedad de inscribirse al padrón de registro en la plataforma digital Retur Q, operada por la Sedetur.
GC
