El Gobierno federal se solidariza y compromete con las familias de la colonia irregular "Electricistas" en la Región 245 de Cancún, quienes fueron defraudadas con sus predios. Se analizarán todas las opciones para apoyarlas. La tarde del martes, representantes de los afectados se reunieron con Adriana Contreras Vera, directora de la Secretaría de Atención Ciudadana.
En los próximos días, sostendrán un encuentro con Alberto Becerra Mendoza, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). También se solicitó un listado de los vecinos que han participado activamente en la lucha por sus terrenos.
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El asesor legal Abel Bonal informó que el Gobierno federal les aseguró apoyo dentro de sus posibilidades. Aunque el proceso no será rápido, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado especial interés en la resolución del caso y ha dado órdenes para que no sean abandonados.
"Los vecinos están esperanzados. Hemos escuchado muchas promesas antes, pero esta vez la Secretaría fue clara: el Gobierno federal está comprometido a solucionar el problema y a brindar acompañamiento permanente. Expresamos nuestra preocupación por la actitud de las autoridades de Quintana Roo y Cancún, pero nos aseguraron que rinden cuentas directamente a la presidenta", señaló Bonal.
Se entregaron documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que contienen información sobre el embargo precautorio y la adjudicación de los terrenos en Palacio Nacional. "Nos aseguraron que nos ayudarán, a diferencia de lo ocurrido en Quintana Roo, donde nos dejaron a la deriva. Ahora esperamos la reunión con el Indep y el SAT para evaluar soluciones, aunque sabemos que tomará tiempo", agregó Bonal.
Los vecinos también mencionaron que en la colonia "Los Pinos", contigua a la suya, hay 16 parcelas en la misma situación, aunque desconocen si fueron defraudados por el mismo ejidatario, Elvin Perera.
"Este asunto debe resolverse de alguna manera. No nos quedaremos de brazos cruzados", advirtieron los afectados, quienes han enfrentado indiferencia de las autoridades estatales y municipales. Durante la mesa de trabajo con el Gobierno Federal, también se solicitó verificar por qué no se ha avanzado en Quintana Roo.
Autoridades estatales eluden responsabilidades
Los afectados recordaron que primero acudieron con Nora Elizabeth Garza Ramírez, directora del nuevo Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial de Benito Juárez. Les pidió documentos y aseguró que revisaría el caso, pero un año después les indicó que debían resolver primero el embargo y que ella no podía hacer nada. Buscaron apoyo en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), que tampoco intervino, ya que el asunto era competencia del SAT.
Posteriormente, enviaron un escrito a la presidenta Sheinbaum y fueron remitidos con el magistrado Heyden Cebada, quien revisó los documentos pero señaló que el caso no era de su competencia. Ofreció asesoría legal y propuso gestionar una mesa de diálogo con autoridades municipales y estatales, lo cual nunca se concretó. Finalmente, los canalizó con la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, quien prometió apoyo legal. Sin embargo, el abogado asignado les recomendó abandonar la lucha, asegurando que ya no eran dueños de los terrenos. Ante esta situación, decidieron trasladarse a la Ciudad de México en busca de respuestas.
Estas familias viven en la incertidumbre ante un posible desalojo de sus terrenos, embargados en 2011. No fue hasta 2017 que supieron de la situación y, desde entonces, han exigido apoyo gubernamental. Poseen documentos que prueban el pago total de sus predios, algunos incluso antes del embargo. No obstante, no han logrado justicia y solo han perdido más dinero en abogados que se han aprovechado de ellos. Tras años de gestiones sin éxito, el único resultado ha sido el desalojo de un habitante.
