El Colectivo Femenil Xtabay hizo público los actos de preferencia para servidores públicos denunciados en el Centro de Justicia para las Mujeres del municipio de Benito Juárez, afectando a la víctima y beneficiando al agresor.
Los hechos se registraron la tarde de este viernes, cuando una víctima de violencia familiar, quien es pareja de un funcionario público, se presentó en las oficinas del Centro de Justicia para la Mujer, donde se encontró con la noticia de que en su caso se había determinado el ejercicio de la acción no penal.
La víctima no fue notificada en septiembre de que la parte acusada presentó algunas pruebas, como marca la ley y aun así el viernes pasado, tomaron la decisión de no proceder con la demanda, con esta acción estarían obligando a la víctima a impugnar e iniciar un proceso penal en los juzgados orales.
Esta acción no solo favorece al agresor, en este caso un funcionario público, si no que expone a la víctima a futuras agresiones de cualquier índole al dejarla a la merced del agresor, además que en este caso no se giró ninguna media preventiva y tomaron esa decisión en un período de uno a dos meses sin realizar la investigación correspondiente.
Otro caso que se presentó ayer en el Centro de Justicia para las Mujeres, en el cual tuvo que intervenir de manera inmediata, fue en el proceso de una mujer que se presentó con el fin de poder tener acceso a su carpeta de investigación como marca la ley.
Al ver esta situación, el personal de la dependencia le negó ese derecho, alegando que debía tener un abogado presente, cuando ellos tampoco le otorgaron un defensor de oficio.
Ante esta negativa y atropellamiento de su derecho, la víctima se vería forzada a retirarse sin poder saber de su situación legal, por lo que de inmediato solicitó el apoyo al Colectivo Femenil Xtabay, por lo que la presidenta y abogada Ariadne Song, feminista y defensora de los derechos humanos, se presentó y solo de esa manera le dieron acceso a su carpeta de investigación.
La activista recalcó que estas situaciones no se deberían estar presentando en el actual sistema penal, además se debe de tomar en cuenta que esta es una dependencia en pro a la defensa de las mujeres.
Estas acciones son más que actos de preferencia, por la falta de neutralidad y objetividad, lo que explicaría el por qué atender los casos de servidores públicos para determinar a la brevedad la acción no penal, a comparación del asunto de Violencia Vicaria en el que personal del Centro de Atención a la Mujer aceptó pruebas falsas, documentos falsificados sin realizar una investigación adecuada y beneficiando al agresor, al otorgar una orden de aprehensión a la agredida.
Otro caso registrado y denunciado por la víctima es el de la madre de familia atacada por Aline “La China” Gonzáles, boxeadora profesional, asentado en el expediente (FGE/QROO/BJ/10/205/79/2024), mismo que ha sido guardado entre todos los demás con el fin de proteger la figura pública.
Esto mientras una denuncia interpuesta por la agresora, basada en mentiras y pruebas falsas, está acaparando la atención de la Fiscalía, al grado de colocar una patrulla las 24 horas afuera de la casa de esta persona, denunció la madre atacada en días pasados.
La denuncia realizada por la activista, no es más que una modalidad de trabajo por parte del personal de esta dependencia, quienes velan por sus intereses y no por los de las víctimas y sus derechos.