Veinticinco mil pesos fue la cantidad que, presuntamente, exigió el inspector Cristian Rodríguez Rodríguez, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Tulum, a un grupo de trabajadores que realizaban labores de limpieza y mantenimiento en un predio de la ciudad para poder seguir trabajando, al no dárselos clausuró el predio.
Según la denuncia, realizada por el encargado de los trabajos, dicha suma fue solicitada como pago por un “permiso” para continuar con actividades que los obreros califican como menores y que no implican construcción formal, pues en su momento formalizaron el permiso legalmente. Los hechos ocurrieron cuando varias personas que se identificaron como personal de dicha dirección a cargo de Lorenzo Miranda se presentaron en el sitio y cuestionaron a los trabajadores sobre licencias de construcción.
De acuerdo con los testimonios, recabados por diario PorEsto! las actividades que se realizaban eran de limpieza, nivelación de tierra, pintura y la colocación de algunos bloques para un barandal de protección. “No estamos construyendo, solo haciendo retoques”, explicó uno de los obreros, quien además denunció que los funcionarios frenaron el trabajo bajo amenazas legales. Los trabajadores llamaron al encargado del predio para tratar de aclarar la situación.
Fue entonces que el inspector Cristian Rodríguez se retiró momentáneamente del lugar y, al regresar, solicitó 25 mil pesos por un supuesto permiso para dejarles continuar con la faena durante dos o tres días. “No dan ningún documento, ningún papel de comprobante. Solo nos están pidiendo el dinero”, señalaron los denunciantes.
Además de la exigencia económica, los obreros afirmaron que fueron intimidados con la presencia de la policía, con la amenaza de ser arrestados si no suspendían sus actividades. “Estamos trabajando para ganar el sustento de la familia, pero aún así nos quieren detener”, agregaron. La presión ejercida por los inspectores provocó que varios de los trabajadores abandonaran el sitio, temerosos de ser detenidos.
Los afectados pidieron a la autoridad municipal llevar a cabo una investigación profunda de este presunto caso de extorsión de parte de los funcionarios y aplicar las sanciones correspondientes por las irregularidades de solicitar exorbitantes recursos económicos a cambio de seguir realizando trabajos que no ameritan permisos formales.
