En una sesión que se extendió hasta la noche, los senadores de Morena, PT, PVEM y algunos del PAN aprobaron la reforma que amplía los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Entre ellos se incluyen abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión y la producción, tráfico y transporte de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados.
Además, se decidió mantener las reservas planteadas por la Cámara de Diputados, las cuales excluyen de prisión preventiva oficiosa delitos como narcomenudeo y defraudación fiscal.
No obstante, se adicionaron casos relacionados con la transportación de sustancias químicas usadas en la elaboración de fentanilo y los comprobantes fiscales vinculados a actividades ilícitas.
Con 94 votos a favor y 34 en contra, esta reforma modifica el artículo 19 constitucional y ahora deberá ser ratificada por al menos 17 congresos estatales para declararse constitucional, antes de que la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, la promulgue.
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Cámara de Diputados aprueba reformas para ampliar delitos con prisión preventiva en México
Críticas desde la oposición
Durante el debate, legisladores de oposición advirtieron sobre los riesgos de esta medida. El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la prisión preventiva oficiosa no contribuye a resolver problemas como la delincuencia y la impunidad.
“Prisión sin juicio es un error. Afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables y no ha demostrado ser eficaz en el combate a la delincuencia”, afirmó.
Por su parte, la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del PRI, señaló que aunque su partido apoya medidas para encarcelar a extorsionadores y miembros del crimen organizado, hacerlo a costa de los derechos humanos no es la solución.
“México encontrará la paz cuando las investigaciones sean sólidas y nadie quede impune, no mediante medidas que arriesgan los derechos de millones”, enfatizó.
El impacto de la reforma
La reforma ha generado una fuerte discusión en torno a su eficacia y su posible afectación a los sectores más desfavorecidos. La ampliación de delitos sujetos a prisión preventiva se enmarca en un contexto donde la lucha contra el crimen organizado se intensifica, pero el debate sobre su constitucionalidad y ética aún persiste.
IO
