Diversos colectivos especializados en la protección de víctimas de desaparecidos, violencia vicaria, violaciones y agresiones en contra de la mujer, solicitan la destitución inmediata de Nathaly Roberto Pérez, asignada a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Cometidos contra la Mujer y por Razones de Género.
A la fecha, los representantes de estos colectivos han sumado más de 16 casos o carpetas de investigación que han sido afectadas por el actuar de la Fiscal, misma que ya ha sido denunciada ante el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, pero la respuesta ha sido nula, aseguran las víctimas.
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Los afectados directos de las carpetas de investigación han solicitado en múltiples ocasiones una mesa de diálogo, con el fin de poner una solución a la problemática generada por la funcionaria, pero esta no se ha podido realizar por la falta de atención generada por el fiscal general, al quien señalan directamente por encubrirla y protegerla.
Como antecedente, ésta no es la primera vez que ha sido señalada por este tipo de acciones; el pasado el 29 de abril, miembros del colectivo “Madres Buscadoras” de igual manera solicitaron la destitución de la funcionaria, tras realizar un bloqueo en la zona hotelera como presión para el Gobierno.
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Durante esa ocasión fueron contundentes en el mensaje enviado por su dirigente, “nosotros exigimos la destitución de la fiscal Nathaly Robertos Pérez, debido a que aún sigue teniendo el control de diversas carpetas enfocadas en temas de delitos sexuales, y otras más, en las cuales están asociados niños”, mencionó María Patrón Pat.
En esa oportunidad, el Gobierno apaciguó el coraje de los colectivos indicándoles que la Fiscal sería removida de los casos, para que ya no tuvieran problemas en sus procesos legales.
Lo que alegan los colectivos es que la Fiscal está relacionada en actos de corrupción para dar preferencias a las carpetas y venderlas, además, de presunta preferencia a los agresores de las víctimas, poniendo en riesgo sus vidas, para lo cual, ya existen casos registros donde la afectada tuvo que huir del estado, al no recibir la respuesta de las autoridades y ante la amenaza de muerte de su expareja.
También está señalada por recibir y aceptar evidencia falsa por parte de los agresores, sean en documentos oficiales o bien, evidencia armada, lo que ha perjudicado a gran cantidad de mujeres que en vez de recibir justicia reciben una bofetada a sus derechos, confirmó la líder de uno de los grupos presentes en las protestas.
