Ciudadanos acusaron públicamente un presunto acto de extorsión por parte de un funcionario del Ministerio Público, quien les solicitó entre 5 mil y 25 mil pesos para agilizar o cerrar carpetas de investigación dentro de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Raciel López Salazar.
En esta ocasión, el señalamiento es dirigido a M. H. G. V., ministerio público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Investigación Mixta número cuatro de la zona norte, quien solicita 5 mil pesos sólo para tomar un caso y darle prioridad.
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Este señalamiento es realizado por una víctima de una carpeta de investigación que lleva meses esperando ser atendida. Tras investigar qué sucedía con su caso, encontró esta anomalía y la evidenció ante este medio.
Las denuncias refuerzan las ya expuestas por la víctima de la boxeadora Aline “La China” González, quien ingresó a su domicilio y la agredió físicamente a ella y a sus hijos, entre ellos un menor de edad.
En sus denuncias, la joven madre de familia señaló directamente a la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Quintana Roo, Nathaly Robertos, a quien acusó de hostigamiento e intimidación para que desistiera de su querella, durante las notificaciones. Asimismo, la acusó de manipulación de la carpeta de investigación al darle prioridad a su agresora en otra contradenuncia sin fundamentos y con creación y manipulación de evidencia.
Esta misma funcionaria ha sido señalada por colectivos que han exigido su destitución, acusándola de presuntamente confabularse con agresores y personas que se hacen pasar por activistas para negociar asuntos a cambio de dinero.
La problemática ya fue reconocida por Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado, quien aseguró que su administración está enfrentando un proceso de depuración y reorganización, confirmando la destitución de 321 personas que no cumplían con los estándares necesarios y la reubicación de 864 empleados.
Sin embargo, esta declaración no es compartida por las víctimas de este tipo de acciones, quienes aseguran que los despidos realizados son sólo de personal de investigación, pero no se ha destituido a los funcionarios corruptos que encabezan las fiscalías.
El temor de las víctimas de estos hechos es tal, que evitan dar sus nombres y mostrar sus rostros por miedo a las represalias que este agente y los demás señalados puedan tomar en su contra, o bien, a que creen carpetas ficticias para proceder en su contra.
