La violencia vicaria se incrementó un 500 por ciento en la entidad en dos años, de acuerdo con Ariadne Song Anguas, presidenta de la Red de Víctimas Quintanarroense (RVQ), pues en 2022, cuando se aprobó la ley que tipifica el delito, se contabilizaban 25 casos, que pasaron a 125 en 2024.
Esto podría deberse a una creciente visibilidad del problema o la intensificación de esta forma de violencia, la cual afecta principalmente a mujeres, mediante el daño hacia sus hijos o seres queridos como medio de agresión psicológica y emocional, dijo.
Según la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta diciembre del 2024, se abrieron 101 carpetas de investigación por violencia vicaria en la entidad y sólo se han judicializado 50, pero ninguno ha derivado en sentencia.
Angélica Amaro, presidenta del Colegio de Abogados de Cancún, explicó que este delito se presenta cuando un agresor utiliza a los hijos como un medio para dañar a la víctima, generalmente dentro de una relación sentimental, matrimonial o de concubinato. En muchos casos, el agresor manipula a los menores para chantajear a la madre, amenazándola con quitarle la guarda y custodia o la patria potestad.
“Lamentablemente sólo la mitad de las víctimas han continuado su proceso, porque muchas no tienen recursos económicos”, dijo.
Añadió que este tipo de violencia puede tener graves consecuencias psicológicas y emocionales tanto para la víctima como para los hijos, llegando en casos extremos hasta el suicidio. La tipificación de este delito fue impulsada en 2012 por una psicóloga que identificó el patrón de conducta y su impacto devastador en las familias.
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La violencia vicaria puede surgir en el contexto de un divorcio o una disputa por la custodia de los hijos. En estos casos, una de las partes puede emplear diversas estrategias para impedir que la otra mantenga contacto con los menores, lo que también constituye una forma de manipulación y maltrato.
Para denunciar, las víctimas pueden acudir a la Fiscalía y presentar evidencias como audios, videos y exámenes psicológicos. Angélica Amaro enfatizó la importancia de que estos datos sean válidos dentro del marco legal para que la fiscalía pueda ejercer acción penal contra el agresor.
Uno de los casos más emblemáticos en Quintana Roo es el del exdiputado local, Emiliano Ramos, quien acusa a su expareja, la diputada Paola Moreno Córdoba, de atentar contra él y contra su hija mayor Jimena, al ser separada de sus tres hermanas menores de edad, con las que no puede convivir.
A su vez, la diputada quintanarroense Paola Moreno señaló públicamente, en diciembre de 2024, ser víctima de múltiples formas de violencia ejercidas por Ramos. La diputada morenista expuso que ha sido víctima de violencia familiar, vicaria, económica, política, mediática y patrimonial durante más de tres años.
Señaló que estas agresiones afectaron gravemente su vida y la de sus tres hijas menores de edad. Otro caso fue contra Héctor Ruiz, quien fue golpeado por su cónyugue y los familiares de ella, al negarse a otorgar el divorcio y la patria potestad de sus dos hijos menores. Éste sigue en juicio.
